El gobernador Sáenz enfrenta un momento complicado en Salta, ya que el escándalo con la policía sigue en aumento. Las tensiones entre la administración y las fuerzas de seguridad se han intensificado, generando preocupación en la provincia. La situación está captando la atención pública y podría tener implicaciones importantes para el liderazgo de Sáenz.
Hace unas semanas, estalló un escándalo de proporciones alarmantes en la policía provincial, revelando una red oscura de narcotráfico, abusos sexuales y robos descarados a ciudadanos indefensos. ¡Increíble pero cierto! Dos agentes fueron arrestados con más de 400 kilos de droga en su poder, un hecho que ha dejado a todos boquiabiertos. Mientras tanto, el gobierno provincial permanece en la sombra, sin tomar medidas contundentes ante un escándalo que no deja de crecer, poniendo en jaque la seguridad y la confianza de los salteños.
El gobierno de Salta sigue en el ojo de la tormenta por el escándalo que envuelve a la policía provincial, y todas las miradas están ahora puestas en el gobernador, Gustavo Sáenz, quien parece no reaccionar ante un conflicto que se agrava día a día. Hace poco, policías denunciaron a los directores de la Unidad Regional N°8 por una serie de delitos, como robos, sobornos, cohechos, y tráfico de drogas y mercancías, lo que pone en evidencia que la corrupción está enraizada en las fuerzas de seguridad provinciales.
Aunque al principio todas las acusaciones apuntaban a Ernesto Velázquez y Cristian Chaile Maldonado, responsables de la Unidad, por encubrir las operaciones ilegales de policías que interceptaban y robaban a los bagalleros para luego vender sus pertenencias sin dejar rastro, pronto se descubrió que este es solo uno de los tantos problemas que afectan a toda la provincia.
Por otro lado, un informe de la policía en Rivadavia detalla cómo los directores supuestamente exigían favores indebidos, incluyendo regalos de carne y favores sexuales al personal femenino, bajo amenazas de represalias o traslados si se negaban. También se les acusa de usar el único patrullero disponible para asuntos personales, dejando a los destacamentos más alejados sin protección y facilitando el tráfico de drogas en la región.
A esto se suma otra denuncia que salió a la luz en julio contra dos policías de Tartagal, quienes fueron detenidos por la Gendarmería Nacional en un control en Aguaray, sobre la ruta nacional 34, con 420 kilos de cocaína. Ahora están con prisión preventiva.
Estos últimos hechos son un dolor de cabeza para el gobierno provincial y ponen en una situación complicada a Marcelo Domínguez, actual ministro de Seguridad y Justicia de la provincia. Por su parte, el gobernador está buscando una salida al problema y considera reemplazar al ministro, con el objetivo de evitar que se popularice la temida frase de la «maldita policía» durante su gestión en Salta.
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